TRANSPARENCIA

CONTROL DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN

Normativa aplicable

Capítulo III (Dº de acceso a la información pública) artículos 12 a 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el ámbito de su respectiva competencia, el Título III “El derecho de acceso a la información pública” artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de Andalucía.

Órgano competente

Según el artículo 21.3 de la Ley estatal, todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley y que no sean Administración Pública, “identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso”

La Cámara de Comercio ha creado para tal fin (acuerdo de Pleno de 26 de Noviembre de 2014) la Comisión de Transparencia que garantizará el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.

El Código de Buenas Prácticas tiene por objeto establecer las normas de conducta y obligaciones que deben respetar los miembros de los Órganos de Gobierno de la Cámara de Almería y, en general, toda la organización, con el fin de garantizar la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones público-administrativas, y ofrecer una mejor representación, promoción y defensa de los intereses generales de la industria, el comercio, la navegación y los servicios en su demarcación.

Código de Buenas Prácticas de la Cámara de Almería.

Concepto de información pública

El artículo 13 de la Ley estatal establece la definición: “ Se entiende por información pública los contendidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.
A este concepto hay que añadir los límites establecidos en los artículos 14 a 16 de la Ley Estatal y 24 a 27 de la Ley Andaluza.

Obligados a suministrar información

Entre los obligados se encuentran las Corporaciones de Derecho Público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. (Artículo 2.1.e) Ley Estatal y 3.1.h) Ley Autonómica.

Procedimiento

a) Solicitud:
Se fomenta en la ley la tramitación electrónica mediante modelos normalizados de solicitud disponibles en la sede electrónica de la entidad (artículo 30 de la Ley Andaluza – Enlace web a formulario telemático-) con el contenido del artículo 17 de la Ley Estatal:
– Identidad del solicitante.
– Información que se solicita
– Dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de notificaciones.
– En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

Se adjunta como ANEXO IV modelo físico para solicitud de información pública.

b) Causas de inadmisión: Artículos 18 de la Ley Estatal y 30 de la Ley Básica.
c) Tramitación: artículo 19 de la Ley Estatal.
d) Resolución: Artículos 20 de la Ley Estatal y 32 de la Ley Andaluza.
El plazo para resolver será de 20 días hábiles prorrogables por otros 20 a contar desde la recepción de la solicitud.
e) Reclamaciones frente a las resoluciones: artículos 33 de la Ley Estatal y 23 y 24 de la Ley autonómica.
Procederá reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contenciosa-administrativa.
f) Materialización del acceso a la información pública: artículos 34 de la ley andaluza y 22 de la ley estatal.
La información solicitada se entregará al solicitante en la forma y formato por ella elegido. Si se opta por formato electrónico se suministrará en estándar abierto o, en aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso.
En cuanto a los costes ocasionados para la entidad derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información pública se establece que, el ejercicio del derecho será gratuito, sin perjuicio de que la expedición de copias o trasposición de la información a un formato diferente al original pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previsto en la normativa estatal, autonómica o local que resulte de aplicación.